La historia moderna de la deuda comienza hace 40 años, el 24 de marzo de 1976. Pero la historia completa se remonta al famoso empréstito Baring de 1824, de un millón de libras esterlinas y que selló la dependencia de nuestro país con la banca de Londres. Argentina estuvo sometida al cobro de intereses por ese endeudamiento durante 81 años. En 1903, cuando se terminó de cancelar luego de pagar varias veces su valor. Pero lo más llamativo de esta historia es que casi 60 años después de contraído el préstamo, el propio Estado argentino “descubrió” que de aquél millón de libras contraídas ni una sola había ingresado en la arcas del Banco Central. Ni una sola, por lo que pagamos 81 años un crédito que nunca usamos. No fue un préstamo, sino una estafa.

Durante todo el Siglo XIX se contrajeron numerosos empréstitos adicionales, sobre todo en el período que va desde la presidencia de Bartolomé Mitre hasta la primera de Julio Argentino Roca. Todos eran con la banca británica, el mismo país que constituía el principal socio comercial de nuestro país y el mayor inversor en nuestras tierras siendo el dueño de los ferrocarriles, los bancos más importantes y de las pocas industrias que teníamos. Como señala Alejandro Olmos Gaona (h) “los empréstitos fueron la llave maestra del control financiero del país”.

la deuda externa siguió siendo un factor fundamental que impidió el desarrollo de nuestro país. En 1933, cuando se firmó el tratado “Roca – Runciman” para colocar nuestras carnes en el mercado británico a cambio de un sinnúmero de concesiones, como por ejemplo hacerlo a través de frigoríficos ingleses y abrir nuestras importaciones a sus productos, se estableció que la Argentina se comprometía a destinar las divisas obtenidas con las exportaciones al pago de la deuda externa. Otra vez, las divisas que generábamos nunca llegaban al país, sino que iban directo a la City londinense.

Durante el primer peronismo la Argentina logró por primera vez una política de desendeudamiento, pero con la mal llamada “revolución libertadora” nuestro país suscribió los tratados de Breton Woods de 1944 e ingresó como socio en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante la década del sesenta y setenta se produjeron los primeros casos de estatización de deuda privada, es decir deuda de empresas privadas que el Estado se hizo cargo de pagar

el 24 de Marzo de 1976, cuando comienza la historia moderna del endeudamiento argentino, nuestro país tenía sin embargo un nivel de compromiso externo relativamente moderado. Una de las primeras medidas del Ministro de Economía Martínez de Hoz, al asumir el gobierno la Junta Militar, fue modificar la ley para ceder soberanía jurídica a tribunales extranjeros en materia de deuda externa. Esto nos lleva a la historia reciente del endeudamiento argentino.

En 1976 la Argentina debía aproximadamente 7.500 millones de dólares. Al final de la dictadura militar la cifra ascendía a 45.000 millones de billetes verdes. Esta multiplicación escandalosa se explicaba, en parte, por la decisión adoptada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, de asumir en nombre del estado las deudas de grandes grupos económicos privados, lo que se conoció como la famosa “estatización de la deuda” en 1982. Algunos de estos grupos eran: Citibank, Celulosa Argentina, Loma Negra, Acindar, Alpargatas, Pérez Companc, Bridas, Aluar, Cogasco, IBM, entre otras grandes empresas multinacionales y “nacionales”. En esa lista de empresas privadas que transfirieron sus pasivos al conjunto de la sociedad, se destacan Socma y Sevel, propiedad de Franco Macri, padre del actual presidente.

Al menos la mitad de la deuda externa era en realidad deuda privada estatizada. La otra parte era deuda que había ingresado como crédito a empresas públicas, como YPF o Aerolíneas Argentinas, pero que en lugar de ser utilizadas para inversiones que expandan la capacidad de dichas empresas, fueron a parar a las arcas del Banco Central y se consumieron en el financiamiento a la fuga de capitales y de importaciones.

Este procedimiento de endeudamiento del Estado por un gobierno de facto haciendo cargo al conjunto de la sociedad de deudas privadas de grandes empresas y de utilización de empresas públicas para negocios financieros, generó una causa judicial llevada a cabo por Alejandro Olmos en donde se denunciaba el carácter ilegítimo e ilegal del proceso de endeudamiento. El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió diciendo en su discurso que no se iba a pagar la deuda externa con el hambre del pueblo. Envió al Congreso la iniciativa para crear una comisión bicameral para realizar una investigación sobre el origen de la deuda, cosa que nunca prosperó. El Banco Central creó un equipo para investigar las cuentas y detectar las irregularidades en la contabilidad de la entidad monetaria, pero en 1986 el director de Deuda Externa del Banco Central decidió anular la investigación. Ese funcionario se llamaba Carlos Melconian, actual presidente del Banco Nación y uno de los principales asesores económicos del presidente Mauricio Macri.

Sobre finales de la década de 1980, el peso de los intereses de la deuda externa se había tornado bastante asfixiante. Llamativamente eran muchos los países de América Latina que durante las dictaduras militares de los setenta y ochenta se habían sobre-endeudado, por lo que el caso Argentino no constituía ninguna particularidad, pese a que siempre nos quieren convencer de una supuesta obstinación criolla con el incumplimiento de los contratos. El primer país en entrar en crisis de deuda fue México en 1982 y frente a esto el Gobierno de los Estados Unidos ideó un plan formulado por su Secretario del Tesoro, un tal Nicholas Brady.

El programa consistía en un canje de refinanciación de la deuda, que sería comprada y luego revendida por un grupo de grandes bancos internacionales. La deuda externa total Argentina sumaba para ese entonces unos 63 mil millones de dólares. El plan financiero fue ideado por la JP Morgan a pedido de quién había sido nombrado Ministro de Economía, nuevamente el Dr. Domingo Cavallo. Pero la tutela de la operación fue del FMI, quien exigió a cambio del rescate financiero a nuestro país algunas medidas de política económica entre las que se destacan: privatización de empresas públicas y del sistema previsional, reformas impositivas, política antiinflacionaria y de superávit fiscal, achicamiento del Estado. Si la Argentina cumplía con ese plan – ¡y lo cumplió con creces! – la promesa era el “acceso a los mercados financieros internacionales”.

El resultado es bastante conocido. La nueva deuda se usó para financiar fuga de capitales y la apertura indiscriminada de las importaciones. Como consecuencia hacia el año 2000 el peso de los pagos de intereses era cada vez más insostenible y representaban más del 20% del presupuesto nacional. El diario Clarín titulaba “El estado paga más intereses de la deuda que salarios públicos”.

El gobierno de De La Rua anunció primero el Blindaje, un canje que asumía más deuda a cambio de mayores recortes fiscales y luego cuando ya todos los planes habían fracasado volvió a convocar a la persona que el establishment consideraba que podía resolver este problema

Domingo Cavallo una vez más. Junto a su vice ministro Federico Sturzenegger (actual presidente del Banco Central) idearon el Megacanje, un plan armado por otro secretario del Tesoro. Se trataba de un ambicioso refinanciamiento a mayores plazos y mayores tasas, operado por siete bancos (Francés, Santander, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston) por el que cada uno cobró U$S 150 millones en concepto de comisiones, lo que convirtió en esa operación en una causa judicial por estafa.

Todo el plan de refinanciación eterna de la deuda y el endeudamiento para pagar más deuda se basaba, según los expertos en finanzas y los medios de comunicación, en el supuesto apocalipsis que representaría para la Argentina entrar en default. Nos caíamos del mundo, se decía.

Sin embargo el 24 de diciembre de 2001, el presidente provisional Adolfo Rodriguez Saa declaró la cesación de pagos. Para ese entonces la deuda pública externa ya alcanzaba un valor de U$S 144.500 millones.

En el año 2000 el Juez Ballestero dio fin a la causa Olmos iniciada en 1982 y estableció claramente que en opinión del tribunal la deuda externa argentina tenía un carácter ilegal e ilegítimo, no sólo por su origen en la dictadura sino por las irregularidades cometidas en las sucesivas refinanciaciones en democracia. La consigna más popular en las grandes movilizaciones de la época era “No al pago de la deuda externa”. Como decía el propio Olmos, “Las deudas se pagan, las estafas no”. El juez Ballesteros encomendó al Congreso de la Nación, formar una comisión bicameral para investigar la deuda. Esto hubiera posibilitado repudiar los componentes ilegítimos de la deuda con argumentos jurídicos y negarse a seguir pagando una estafa. Nunca se hizo.

a deuda defaulteada era la contraída con acreedores privados. El gobierno de Néstor Kirchner, junto al Ministro de Economía Roberto Lavagna, encaró el famoso canje en el año 2005. Argentina perdió allí una gran oportunidad, la de tomar el caso Olmos y el fallo del Juez Ballesteros y encarar una auditoría de la deuda para distinguir sus componentes ilegítimos. Es de sentido común que las deudas deben pagarse, pero también es de sentido común denunciar y no pagar una deuda que no fue contraída o que fue mediada por una estafa.

En lugar de encarar este camino, el gobierno de entonces eligió realizar un canje que supuso reconocer legitimidad al conjunto de la deuda defaulteada. De los 103 mil millones de dólares en cesación de pagos, el gobierno ofreció un canje por 35 mil millones, es decir de una quita muy significativa. Aunque contaba con algunas compensaciones como el “Cupón PBI”, de todos modos se trataba de una rebaja importante.

En 2005 el 76% de los bonistas ingresaron al canje y luego en una reapertura en 2010 lo hicieron un 16% restante, conformando el total del 92,4% de bonistas reestructurados. Quienes quedaron afuera, los llamados Holdouts constituyen el 7,6% que quedó afuera de los canjes.

La Argentina encaró en este período lo que dio a llamar una política de desendeudamiento. Esta consistió en el canje y el pago sistemático de los intereses de la deuda externa durante todos estos años sin realizar la mencionada auditoría.  entran en acción los “fondos buitres”.

La estrategia de estos fue comprar bonos argentinos en default a precios de migaja para luego reclamar la totalidad del valor, por eso no aceptaron entrar al canje de la deuda que les hubiera implicado una quita parcial. Así es como por ejemplo el especulador Paul Singer, adquirió bonos defaulteados de la Argentina por U$S 48,7 millones y reclamó a la Argentina cobrar U$S 832 millones, obteniendo una ganancia de 1608%. Es decir, y esto debe quedar muy claro, Paul Singer nunca le prestó plata a la Argentina. Jamás, ni un solo dólar, y sin embargo según la justicia norteamericana le debemos miles de millones. Los fondos buitres se aprovechan de los quebrantos de los países para sacarles el mayor jugo posible, todo sin moverse de su escritorio en Wall Street. Otra vez, ¿deuda o estafa?

A fines de 2012 el juez Griesa dictó sentencia contra la Argentina por U$S 1.333 millones más intereses a pagarle a estos fondos. El gobierno argentino apeló pero en 2013 la cámara de apelaciones sostuvo la sentencia original. La Argentina volvió a apelar y finalmente en junio de 2014 la Corte Suprema de los EEUU decidió no tomar el caso y por ende dejar firme la sentencia de Griesa. El juez decidió embargar cualquier pago que la Argentina haga, para obligar al país a ejecutar la sentencia, y por ende la Argentina ingresó en lo que se denominó en su momento “default técnico”, en una situación insólita en la cual un país quiere pagar a sus acreedores pero un juez se lo impide. Tras el reclamo de los fondos buitres, todo el resto de los acreedores que no entraron al canje (es decir ese 7,6%) reclamaron también el pago de la totalidad de la deuda con lo cual el monto exigido se incrementó a U$S 12.000 millones. Es esa cifra la que el actual gobierno nacional pretende pagar en su totalidad.

En junio de 2014, el Gobierno estadounidense advirtió que la interpretación de Griesa «podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana».La ONG digital Avaaz lanzo una campaña a favor de Argentina, indicando que este precedente «pondrá en peligro los esfuerzos que muchos países del mundo están realizando por reestructurar sus deudas soberanas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional –organismos responsables de estas deudas injustas– han expresado su grave preocupación por las implicaciones del fallo para las futuras crisis de deudas soberanas».

Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema estadounidense con el acompañamiento de los siguientes Gobiernos y entidades:

·         Dilma Rousseff (de Brasil),

·         Enrique Peña Nieto (de México),

·         François Hollande (de Francia),

·         American Chamber of Commerce of Argentine

·         Joseph Stiglitz (premio nobel en economía)

·         Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos),

·         Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país),

·         Bank of New York

·         Reserva Federal de Estados Unidos

·         Una decena de fondos de inversión

·         La Confederación Sindical Internacional

·         Parlasur (Parlamento del Mercosur)

·         Exchange Bondholder Group (EGB), de Fintech y Euro Bondholders (que representan los intereses del 93 % de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010) y la Caja de Valores.

·         El G 77.

·         La UNASUR¹

·         Grupo Brics

·         La CELAC

·         80 países (entre ellos Gran Bretaña, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, Italia, Brasil, Suiza, Perú, Rusia, etc.)

·         El parlamento Británico

En agosto de 2014 George Soros uno de los bonistas perjudicados por la decisión de Griesa de extralimitarse en su jurisdicción, recurrió a la justicia británica, que falló a favor de Argentina y Soros, habilitando al país a iniciar un juicio a los fondos buitres en las Islas Caimán, territorio británico, jurisdicción donde los fondos buitre tienen domicilio. Ese mismo mes Argentina ganó en Francia un juicio contra el fondo buitre NML

El 26 de Abril de 2016 Argentina le pagó 9300 millones de dólares a los fondos buitres.según el diario británico Financial Times Argentina emitió para su pago la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudo en el mundo desde 1996.Días después a consecuencia de este pago nacieron los llamados fondos de "tercera generación", una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010; y tampoco aceptaron la propuesta de Mauricio Macri ante el juez de Nueva York.A principios de 2016 la devaluación del peso de $9,8 a $13,95 generó un incremento de $40.000 millones en la deuda de las provincias, lo que representa un 20% del stock total de las mismas.

Hoy la Argentina se encuentra debatiendo la conveniencia de pagarle a los buitres para reiniciar el ciclo de endeudamiento. El argumento es que “normalizando” la deuda se podrá acceder a nuevos créditos. La promesa es siempre la misma desde 1824: el acceso al financiamiento internacional con el objetivo de desarrollar el país.